Marco normativo y derechos específicos.

Al referirnos a las políticas públicas y a las responsabilidades del Estado, lo hacemos desde una perspectiva de derecho. Retomando el texto escrito por Estela López[1], hablar al respecto implica que sus obligaciones se vean traducidas en tres acciones prioritarias:

1) Respetar: el Estado es el primer responsable en respetar los derechos humanos de las personas: en no impedir su cumplimiento ni exigibilidad y en no ser él mismo quien viole los derechos fundamentales.

2) Proteger: debe impedir y velar porque los derechos no sean violados por otros actores ni instancias – gubernamentales o no – como pueden ser los medios de comunicación, las empresas, instituciones educativas, etc.

3) Realizar: además de velar por los derechos, el Estado debe de promover las condiciones económicas, ambientales, políticas, sociales y culturales para que los ciudadanos puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos.

Para que esto pueda llevarse a cabo, los instrumentos con los que cuenta el Estado son las leyes, las políticas públicas y los presupuestos públicos[2].

En materia de juventud y refiriéndonos al caso de las leyes, en nuestro país no contamos con una ley federal de juventud que reconozca los derechos específicos de las juventudes. No obstante, en el 2005 se reunieron en Badajoz los delegados de los Estados Miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)[3] para adoptar y suscribir la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes[4] para diciembre del 2011 México aún no ratifica esta Convención, por lo que la formulación de leyes y normatividades apegadas a ella aún no tienen lugar. La ratificación significaría encontrarse en un estado de obligatoriedad para instrumentar lo necesario de manera que garantice el ejercicio de los derechos que en ella se establecen; esta acción lleva intrínseco el pleno reconocimiento de las personas jóvenes de nuestro país como sujetos de derechos, desde su especificidad y reconociendo la condición juvenil.

En términos federales, la legislación que se orienta más hacia el quehacer público con respecto de la población joven es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) publicada en 1999. En ella se establece que el Instituto es el responsable de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en conformidad con lo que establece la Constitución Política de México, los ordenamientos legales y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano; el énfasis de esta ley se encuentra en su corte orgánico – sobre las funciones y objetivos del Instituto – y establece que el IMJ es el organismo oficial responsable de instrumentar la política de juventud a nivel nacional.

Ocurre lo mismo en San Luis Potosí, contamos con la Ley del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE) publicada en febrero del 2002 que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del INPOJUVE. A este organismo se le atribuyen las tareas de «asesorar» y «auxiliar» al Ejecutivo en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política de juventud en San Luis Potosí; lo que tiene que traducirse en la creación o mejora de las condiciones que garanticen mayores niveles de oportunidad y bienestar para los jóvenes del estado, para esto el Instituto debe de promover la congruencia entre las política de juventud, promover y ejecutar los planes y programas de atención a la juventud en S.L.P., fomentar la participación del sector público, privado y social, difundir los derechos «esenciales» de la juventud y coordinar los programas de asistencia y protección de las personas jóvenes[5]. Para realizar estas funciones cuenta con múltiples atribuciones.

En nuestro estado, la creación de esta ley y del propio Instituto representó un avance para su tiempo, pues éste le sucedió al Instituto Potosino de la Juventud y el Deporte que tenía como obligación cumplir con dos tareas de naturaleza diferente, pero que en el imaginario se incorporaban como si fuesen dos temáticas correspondientes y dependientes entre sí, esto era resultado del enfoque de juventud que en aquellos años imperaba – y que en ocasiones continúa vigente –. La ruptura de una relación «naturalizada» entre el deporte y la juventud, dio pauta a la diversificación del abanico de posibilidades respecto de la política dirigida a las personas jóvenes del Estado de San Luis Potosí.

De este proceso se obtiene una normatividad para nuestra entidad que se centra en la operatividad, funcionamiento y definición jurídica de una institución encargada de implementar políticas públicas de juventud en nuestro estado; sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente, pues aún es necesario reconocer a las personas jóvenes como sujetos plenos de derechos de forma tal que se provea de un marco normativo que genere certeza y protección en cualquiera de los ámbitos en que se desarrollen; que promueva una articulación sectorial a nivel estatal y facilite procesos de participación juvenil y ciudadana.

Para esto es importante tomar en cuenta los procesos de expansión, de generalización y de especificación que han marcado la historia de los derechos humanos. El primero corresponde a la ampliación de bienes protegidos por los derechos, el segundo en la “cobertura“y el tercero al trato concreto y específico de los derechos humanos con respecto características particulares de determinado grupo o clase social, lo que promueve que su disfrute sea materialmente viable.

Este es el caso de los derechos de las juventudes, cuyo reconocimiento específico se vería reflejado en la posibilidad de ejercer aquellos derechos derivados de los procesos de generalización y expansión. Es decir, requieren de una serie de especificidades que responden a la condición juvenil, a las construcciones del ser joven, a la multiplicidad de formas de serlo y a las situaciones de paradoja y complejidad en las que están inscritas.

En este contexto, el 30 de junio del 2011 se presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de la Persona Joven para el Estado de San Luis Potosí. Como resultado de un esfuerzo colectivo en el que participaron diputados de diversas fracciones parlamentarias, jóvenes y colectivos, la sociedad civil organizada, y el INPOJUVE; esta iniciativa busca reconocer los derechos específicos de la población joven en nuestro estado. Su proceso de dictaminación ha sido lento y hasta la fecha aún no se ha emitido algún tipo de resolución al respecto. Los actores involucrados, seguimos a la espera de los resultados del proceso legislativo.

[1] López, E. Juventud y Políticas Públicas. Elementos para un análisis desde el enfoque de derechos. Servicios a la
Juventud, A.C., Centro de Información y Formación. México: SERAJ

[2] Ibíd.

[3] La OIJ es un organismo internacional de carácter multigubernamental creado en 1992 para promover el diálogo, la
concentración y la cooperación en materia de juventud entre los países Iberoamericanos. México, a través de su
organismo oficial de juventud forma parte de esta organización.

[4] Se puede consultar aquí: http://ojoambulante.org.mx/pdf/CIDJ.pdf

[5] Ley del Instituto Potosino de la Juventud. 2 de febrero de 2002. Arts. 4, 5 y 6. H. Congreso del Estado de San Luis
Potosí, Instituto de Investigaciones Legislativas.

Las políticas públicas, enfoques y herrramientas