Por: Victor Daniel Guerrero Cruz

Investigador Educación y Ciudadanía A.C.

Las detenciones arbitrarias en contra de personas jóvenes son prácticas que se encuentran sustentadas en los estigmas, estereotipos y prejuicios que las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia tienen sobre ciertos tipos de expresiones o identidades juveniles que les criminaliza, en especial cuando ocupan el espacio público.

Una detención es arbitraria cuando una instancia de seguridad pública comete violaciones a los DDHH, no sigue el procedimiento formal establecido para llevarla a cabo, y no existe algún fundamento jurídico que justifique su manera de actuar. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, reconoce cinco categorías de detención arbitraria: I) la policía realiza una detención sin motivos; II) la detención se realiza con el objetivo de inhibir o limitar el ejercicio de DDHH como libertad de manifestación, asociación, expresión, pensamiento, tránsito, etc.; III) cuando se incumplen los derechos de la persona detenida durante el proceso judicial, y como resultado de esto, es privada de su libertad; IV) cuando la detención obstaculiza el derecho de las personas migrantes a solicitar asilo o refugio por permanecer en prisión administrativa o bajo cualquier forma de privación de libertad, y; V) la detención se lleva a cabo con base en motivos discriminatorio como la edad, sexo, apariencia, origen étnico o nacional, condición económica,clase social, etc.

En un periodo transcurrido del 2010 a 2016, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) registró un total de 1,447 hechos violatorios por detención arbitraria, siendo que 386 de estos fueron en contra de personas jóvenes, lo que representa un 26.67% del total de las quejas presentadas.

En 2010 las quejas por detención arbitraria de personas jóvenes representaron el 23.58% del total presentadas durante ese año, mientras que en 2011 representan el 12.5%, en 2012 el 25.47%, en 2013 el 26.64%, en 2014 el 31.83%, en 2015 el 28.57% y en 2016 el 27.27%.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las quejas totales por detenciones arbitrarias y el número de quejas donde una persona joven fue víctima, según información de la CEDH.

Los datos presentados son aquellos con los que cuenta la CEDH, la cual recibe quejas sobre violaciones a los derechos humanos en general. Sin embargo, existen violaciones como las detenciones arbitrarias que ocurren cotidianamente pero no son denunciadas ante alguna autoridad. Por otra parte, aún existe un universo total del cual no se conocen datos exactos debido a que este modo de actuar de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia pocas veces es reconocido, ya que la mayoría de las veces justifican su actuar, en el caso de los policías, bajo el argumento de “realizar revisiones de rutina”, siendo que este tipo de actos ilegales contraviniendo lo expresado en el artículo 16 constitucional que señala que “nadie podrá ser molestado en su persona salvo por orden judicial o en los casos previstos por la ley”.

Las detenciones arbitrarias en contra de personas jóvenes son prácticas institucionales que se encuentran sustentadas en los estigmas, estereotipos y prejuicios adultocéntricos, es decir, que surgen desde una visión que coloca a la persona adulta como el actor principal de la sociedad por sobre las juventudes, excluyendolas de ciertas dinámicas sociales, como la toma de decisiones, la participación política y expresiones culturales, entre otras.

Conoce Sindea es la app que permite a sus usuarios reportar en tiempo real una detención arbitraria o ilegal, para posteriormente, y con acompañamiento de Educiac, presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia así como su funcionariado, conservan y reproducen una visión adultrocéntrica que considera a las juventudes como un problema que debe ser contenido al percibirlas como “criminales en potencia”; resultando en el rechazo y persecución de ciertos tipos de expresiones o identidades que las personas jóvenes manifiestan, principalmente cuando ocupan el espacio público.

Estas prácticas criminalizantes excluyen a las juventudes del espacio público, impactando en la construcción de su identidad individual y colectiva, debido a que es el lugar fuera de la escuela, la casa o las instituciones, donde las personas jóvenes pueden relacionarse entre pares, libres del control adulto, aspecto que es fundamental para su reconocimiento como sujetos de derechos.

Las detenciones arbitrarias impactan en el ejercicio de los derechos humanos de las personas jóvenes, pues afectan sus libertades en un primer momento, y posibilitan que se cometan otras violaciones a sus derechos que van desde la incomunicación, falsa acusación, uso excesivo de la fuerza pública, hasta la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como desaparición forzada, y ejecución extrajudicial, entre otros.

Las detenciones arbitrarias, son una práctica que coloca principalmente a los hombres jóvenes bajo sospecha de ser “criminales en potencia”. Por un lado, las instancias de seguridad pública justifican su manera de actuar, argumentado “detenciones por sospecha” o “revisiones de rutina”, y por otro, las de procuración de justicia dan por sentada la “buena fe” sobre el actuar de las policías cuando presentan a alguna persona frente al ministerio público, por lo que no la verifican.

El estereotipo del criminal que se encuentra en el actuar de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, es del hombre joven, clase baja, tatuado, etc. La policía estatal de San Luis Potosí, ha realizado 49, 134 detenciones de personas entre los 12-29 años de edad, y un total de 80,359 entre los años 2010-2016. Las detenciones a personas jóvenes representan el 61.14% del total, siendo que el 96.78% (47,556) se trataron de hombre jóvenes.

Sin embargo, lo anterior no significa que las mujeres jóvenes no sean víctima de la violencia y criminalización ejercida por las instancias de seguridad pública. La violencia de género es un componente que se encuentra presente en las detenciones arbitrarias en contra de mujeres jóvenes, pues es en estas prácticas donde pueden tener lugar actos como la tortura sexual, tocamientos, violencia verbal aludiendo a estereotipos de género, violaciones, entre otros.

Esta violencia también se manifiesta de diferentes maneras, una de ellas, por ejemplo, es cuando un policía acosa y hostiga sexualmente a una mujer joven mientras se encuentra ocupando o transitando por el espacio público. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, señala que el 31.8% de las mujeres a nivel nacional han sido violentadas en el ámbito comunitario; ocurriendo que en 1.2% de los casos el agresor era un policía o militar, el porcentaje es aparentemente bajo y puede responder a la normalización de la violencia de género.

En el caso de San Luis Potosí el 28.2% de las mujeres han vivido violencia en el ámbito comunitario (ocupando la posición número 17 en relación al resto de las entidades federativas). De lo anterior cabe resaltar que la violencia sexual ejercida por alguna autoridad (como el ejército y la policía), puede constituir un tipo de tortura y es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Las detenciones arbitrarias impactan de diferentes maneras a las personas jóvenes, por un lado, afectan a la manera en que se relacionan con el espacio público, y a las dinámicas que tienen lugar dentro de él, como el establecimiento de relaciones entre pares y la construcción de su identidad individual y colectiva, y por otro, tienen un impacto diferenciado entre hombres y mujeres jóvenes: estas prácticas son el resultado de la criminalización de ciertas identidades y expresiones juveniles, por lo que son los hombres jóvenes quienes son mayormente detenidos bajo el criterio de ser “criminales en potencia”, y a las mujeres jóvenes las coloca como víctimas de la violencia de género en el ámbito institucional y comunitario.

Para prevenir que este tipo de prácticas afecten a las juventudes, es importante, por un lado, denunciar los hechos de los que sean víctimas o testigos, pues la cohesión social en una comunidad es un factor que ayuda a inhibir y evidenciar la manera ilegal con que actúan las diferentes instancias gubernamentales, y por otro, exigir a las mismas que se responsabilicen de los actos que limiten, de cualquier manera, el ejercicio de los derechos humanos de las personas jóvenes.

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