Criminalización de las juventudes: escenarios de la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El 12 de agosto es el “día internacional de las juventudes”, desde Educiac, creemos pertinente reflexionar sobre su criminalización ante la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio el pasado 18 de junio del 2008, pues consideramos que esta reforma es de vital importancia en los planes de vida de las y los jóvenes sujetos a proceso, así como para quienes pudieran ser objeto de una detención legal o arbitraria.

Recuperamos algunas afirmaciones dichas[1] Dr. Luis Armando González Placencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el marco del diplomado “Cultura de la legalidad, juventudes y derechos humanos”.[2]

El cambio de sistema penal inquisitivo a un acusatorio implica que ahora tenemos derecho a tener un procedimiento sin prisión preventiva, -cuando un juez así lo sentencia-, pues existe una separación de funciones en las etapas de investigación de delitos, acusación y juicio, y se prioriza la libertad de la persona imputada, el empleo de medidas cautelares, y el principio de presunción de inocencia, antes que la culpabilidad.

Sin embargo, el problema para las personas jóvenes es qué, aunque los delitos no sean graves se les considera agentes de riesgo y peligro, por lo que en la práctica la prisión preventiva sigue siendo la norma. Además, uno de los retos que enfrentan las personas jóvenes al acceso de justicia son las condenas que tienen que cumplir por ciertos delitos, pues antes los 18 años, la máxima condena que pueden obtener por un delito es de cinco años, pero para quienes rebasan la mayoría de edad, las condenas se elevan a cuarenta o sesenta años según el delito que cometan. Para Armando González, esto ha sido poco discutido y de suma relevancia, dado que son etapas formativas que pueden acabar con las expectativas de vida de una persona joven:

“Yo creo que con las personas jóvenes pasa lo mismo, sustraerles diez o quince años en este momento, que es fundamentalmente productivo, tiene costos muy altos, porque al momento que salen, lo hacen con una desventaja mayor ­[…] Una cosa que está muy probada es que la cárcel funciona como una bolsa de trabajo. Si tú llegas con una edad que estás empezando a insertarte en la parte productiva y lo que tienes alrededor son carteles de droga, las posibilidades que te vincules con ellos son altísimas.”

A pesar de que el sistema de justicia penal acusatorio establece reglas formales que posibilitan a las personas jóvenes tener otras oportunidades, antes que la reclusión en la práctica aún se tienen deudas pendientes, una de ellas es la capacitación de los funcionarios públicos dentro del sistema de justicia, ya que aún no se logra transmitir el cambio de un sistema a otro.

“La capacitación es muy superficial, no te cambian el chip sino que [solo] te enseñan las nuevas reglas. Pero esas nuevas reglas se adecuan a los viejos procedimientos […] Por eso los fiscales hacen tan mal su trabajo. Los que se han puesto las filas son los defensores, la gente que está haciendo defensa está llevando capacitación por fuera y lo están haciendo muy bien […] eso está generando un desequilibrio, porque cuando tienes a alguien que de verdad comete un delito, el fiscal no tiene la capacidad como para meterlo a la cárcel y el defensor sí y por eso salen.

Ante estas lagunas de información, se han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas jóvenes con base en prejuicios, estigmas y estereotipos que giran alrededor de ellas, un ejemplo de esto son las detenciones arbitrarias, antesala de otras violaciones a derechos humanos como tortura, desaparición forzada, violencia sexual, entre otras; hay tres procedimientos legales para detener a una persona: la flagrancia, el caso urgente y la orden de aprensión; sin embargo, son una práctica institucional que se encuentra instaurada informalmente en los cuerpos policiacos y que afecta principalmente a las personas jóvenes con el objetivo de extorsionarles.

“Con independencia de las reglas formales, se establece un mecanismo informal que le dice a la policía: cuando tú veas a un joven de tales características, deténganlo, asústalo, dile que lo acusaron de un delito, dile que le encontraste droga, paséalo, extorsiónalo […]”.

Las personas jóvenes que sufren violaciones sistemáticas a sus derechos humanos son aquellos menos favorecidos por un sistema cultural que, aparte de infravalorarlos por edad, los considera como una fuente de riesgo a conductas delictivas y promueve la necesidad de controlarles por medio del ejercicio del poder a través de las instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.

Desde Educiac hemos trabajado para que las personas jóvenes se reconozcan como agentes activos en la defensa de sus derechos humanos en el espacio público, sin embargo, aunque nuestros esfuerzos son valiosos aún falta mucho por hacer en torno a la capacitación sobre el sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y juventudes.

[1] En entrevista realizada por Educación y Ciudadanía A.C.
[2] Realizado de Mayo a Junio 2018, dirigido a servidores públicos del estado de San Luis Potosí, con financiamiento del Laboratorio de Cohesión Social de la Unión Europea y en colaboración con la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

By |2018-07-30T19:34:58+00:00julio 30th, 2018|Juventudes y Derechos|0 Comments